La Confederación Nacional de la Policía denuncia los problemas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral entre mujeres y hombres del Cuerpo.

Reclama aumentar la flexibilidad de los horarios de trabajo, criticando que “los miembros del Cuerpo que tienen a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, o un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado, únicamente disponen de una hora diaria de flexibilidad y hasta dos horas si tienen a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado”.

Además, la CEP exige la aplicación de la Circular de 16 de Diciembre de 2015, por la que se desarrolla la jornada laboral de los funcionarios, en la que se disponen que el establecimiento de servicios, cambios de horarios o turnos se ha de realizar con suficiente antelación para facilitar la conciliación del trabajo con responsabilidades familiares.

Por último, tanto CEP como CSIF reclaman que no consuma el permiso de paternidad y que se elimine el límite de trece semanas adicionales de permiso para la madre en los casos en los que el recién nacido tenga que permanecer hospitalizado a continuación del parto.

Las reivindicaciones sobre la falta de medidas para la conciliación familiar en la Policía no son nuevas ya en agosto pasado todas las organizaciones sindicales del Cuerpo firmaron un documento para pedir mejoras laborales a la Administración que “se vienen arrastrando desde 1996”.

Discriminaciones en la Administración

Por otra parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que llevará al Defensor del Pueblo la discriminación entre las empleadas públicas a la hora de concederles la pensión de jubilación y el nuevo permiso de gestación.

CSIF explica en un comunicado que además ha presentado una queja formal a la Dirección General de Función Pública por discriminar a las empleadas públicas con un solo hijo en el complemento por maternidad de la pensión recientemente creado, según explican en un comunicado.

Recuerda este sindicato que el Gobierno reformó la Ley de Clases Pasivas del Estado y del Régimen de la Seguridad Social, a través de los últimos Presupuestos Generales del Estado (Disposición Final Primera de la Ley), para reconocer un complemento de pensión a las empleadas públicas jubiladas y a las retiradas por incapacidad permanente, por la que pretende reconocer la contribución demográfica a las mujeres que hayan compatibilizado su carrera profesional con la maternidad, pero se queja de que este beneficio no se hace extensivo a las empleadas públicas que solo tienen un hijo.

El complemento a la pensión va en función del número de hijos nacidos o adoptados y se calcula aplicando a la pensión los siguientes porcentajes: en el casos de 2 hijos (5 por ciento), 3 hijos (10 por ciento), 4 o más hijos (15 por ciento). Y CSIF reclama que este beneficio se extienda al conjunto de empleadas públicas y a todas las madres trabajadoras de este país.

Asimismo, CSIF también anuncia que va a denunciar el nuevo permiso de gestación(permiso retribuido desde la semana 37 de embarazo y desde la semana 35 en el caso de parto múltiple) “porque únicamente se ha reconocido a las mujeres funcionarias de la Administración General del Estado, dejando fuera al resto de las administraciones y al personal laboral no funcionario” y adelantan que los servicios jurídicos del sindicato estudian acciones legales para hacer frente a esta discriminación.

Criticando que “esta medida, de hecho únicamente podría beneficiar a 8.500 mujeres en edad de gestación, de las 38.000 que trabajan en la Administración General del Estado y de las más de 400.000 empleadas en el conjunto de las administraciones públicas”. Precisando que “en el caso de la Policía, tampoco hay directrices sobre el uso de este permiso y las mujeres del Cuerpo que se acogen al mismo se les tramita como una baja convencional”.

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